En un período de tres días, el magistrado madrileño Juan Carlos Peinado ha recibido dos denuncias debido a su forma de manejar la investigación contra Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial. Ambas denuncias fueron presentadas por Gómez y su esposo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
Sin embargo, a diferencia de la denuncia presentada por el presidente, que no detendría al juez de continuar con el proceso penal, la demanda de su esposa podría resultar en la remoción del juez del caso. Para que esto suceda, tendría que abrir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diligencias.
Las denuncias fueron presentadas ante el TSJM, el tribunal a cargo del caso de Peinado, que aún debe decidir si acepta las denuncias y abre una investigación contra el juez, como solicitan Sánchez y Gómez. El presidente acusa al juez de prevaricación por haberle hecho declarar como testigo en el Palacio de la Moncloa en lugar de por escrito, como establece la ley para algunas autoridades del Estado. La esposa del presidente pide que el juez sea investigado por prevaricación en su manejo judicial y por revelación de secretos durante los meses en que la causa contra ella estaba bajo secreto.
La principal diferencia entre ambas denuncias radica en quién las presenta. La de Sánchez viene de un testigo en el proceso de Gómez, mientras que ella es una de las acusadas. Aquí radica la razón por la cual la denuncia de la esposa del presidente podría tener consecuencias más graves que afecten directamente a los procedimientos judiciales abiertos contra ella.
La normativa 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dicta las circunstancias para que un juez o magistrado se abstenga o sea recusado. La cuarta de estas circunstancias señala que un juez debe abstenerse si él o ella ha sido señalado o acusado por alguna de las partes como culpable de algún delito o infracción, siempre y cuando la acusación haya llevado a la iniciación de un procedimiento penal que no haya concluido con una sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.
Esto no significa que la simple presentación de una denuncia puede descalificar a un juez, todo lo contrario. El potencial de aprovechamiento malintencionado y la obstrucción de procesos por parte de los investigados haría el procedimiento muy fácil. Para que un magistrado sea recusado se requiere que primero el tribunal determine que existen motivos para abrir un procedimiento penal en su contra, en este punto, Gómez tendría la posibilidad de recusar a Peinado.
Hay que reafirmar que la recusación de un juez no implica el cierre de un caso. El caso relacionado a la profesión de Begoña Gómez continuaría en el mismo tribunal presidido por Peinado, el número 41 de Madrid, aunque las actividades serían conducidas por el magistrado que lo reemplaza regularmente en los juzgados de Plaza de Castilla, de acuerdo a fuentes judiciales. En este escenario, la providencia que negó que Sánchez declarara por escrito y no en la Moncloa fue firmada por Carlos del Valle, quien usualmente cubre por Peinado durante sus vacaciones y otros permisos.
La demanda introducida por Gómez, difundida al público el día viernes, atribuye al juez crímenes de divulgación de información confidencial por un servidor público y revelación de procedimientos legales que debían ser secretos. Esta petición, bajo la firma del abogado del acusado, Antonio Camacho, alega que Peinado está llevando a cabo una «dirección peculiar, incoherente, maliciosa y prospectiva» del caso y de exponer detalles del mismo que debían permanecer ocultos. Además, se le reprende por someter a Gómez al «tormento del banquillo», iniciar una «guerra personal» en su contra y provocar un «daño patente» a su círculo cercano, «particularmente al presidente de Gobierno».
Por otro lado, la demanda de Sánchez, respaldada por los abogados del estado, se enfoca en la decisión del juez de exigir una declaración testimonial en persona y en La Moncloa, en lugar de por escrito. El presidente argumentaba que la ley le faculta para declarar por escrito, al ser una figura de autoridad del estado, y que la situación legal de su esposa solamente está bajo el escrutinio del juez debido a su posición como presidente. Adicionalmente, enfatizaba que no se estaría investigando la posible revelación de secretos de su esposa si no estuviera en el cargo. Sin embargo, el juez argumentaba que el interés por interrogarle surgía de su conocimiento de los hechos por su condición de esposo de Gómez, no por su posición en el cargo. Al final, el juez se dirigió a La Moncloa, pero Sánchez utilizó la dispensa que le permite la ley para evitar causar daño a su esposa.
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