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Según el informe de Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España elaborado por Cáritas, hay 1.450.000 jóvenes están en riesgo de exclusión social.
Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) han presentado la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia.
Según la investigación, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave. Lo que significa que en el último año ha tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas.
Durante la crisis, la situación de que el sustentador del hogar se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 800 mil familias y el desempleo total familiar, casi se ha duplicado, es decir hay casi dos millones de núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro.
En términos de renta, el informe elaborado a partir de una encuesta a más de 7.000 hogares, revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 por ciento, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.
Ser joven es otro de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria de la Covid-19. En España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta.
En 2021 se sumaron más de 650.000 nuevas personas jóvenes (16-34) a la situación de exclusión, la mayoría en situación de exclusión severa. Son 500 mil personas jóvenes más con respecto a 2018 que están afrontando situaciones de especial complejidad, lo que hace un total de 1,4 millones de jóvenes en situación de exclusión severa.
A nivel generacional, la tasa de exclusión de la población menor de 30 años es algo más de tres veces superior a la de la población mayor de 65 años y la tasa de exclusión severa se llega a multiplicar por cinco entre ambos grupos etarios.
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