El Gobierno propone que los estudiantes de Formación Profesional contratados como becarios, cobren el SMI. La Ley Orgánica de Formación Profesional se vota este 16 de diciembre.
Clara Sanz López, secretaria general de Formación Profesional, ha explicado la nueva propuesta que repercute en los becarios de Formación Profesional y el SMI.
La idea debe ser aprobada, pero el Ministerio de Educación confía en que se valide con el apoyo mayoritario del Congreso, pues cuenta con el visto bueno tanto de la patronal como de los sindicatos mayoritarios.
El Gobierno lleva esta semana la Ley Orgánica de Formación Profesional a su fase final en el Pleno del Congreso, en el que deberá obtener la mayoría absoluta para poder seguir con su tramitación en el Senado.
El alumnado se beneficiará además de la subida del salario mínimo interprofesional, mientras que las empresas estarán obligadas por ley a firmar un contrato de formación, eliminando el sistema de becas.
Con la nueva reforma toda la formación será dual, lo que garantiza que cualquier estudiante de FP tendrá la posibilidad de complementar su periodo dentro de las aulas con las prácticas en la empresa.
Ese tiempo laboral cubrirá entre el 25% y el 35% en el caso de la FP general, y de un 35% en la FP intensiva, que no tendrá límite máximo.
Hasta ahora, el mínimo de horas lectivas era de un 11% y el máximo de un 30%. La intención de Educación es que las empresas formen personal de acuerdo a sus necesidades en el tejido productivo, y a su vez ayuden a los estudiantes a identificar sus preferencias laborales.
A ese criterio se suma la inmersión temprana en las empresas, pues según Sanz, «no es suficiente con el aumento del número de horas lectivas, hay que garantizar que el acercamiento profesional ocurre desde el inicio».
La nueva normativa afectará a 2,8 millones de personas anualmente entre nuevos alumnos formados y aquellos trabajadores que consigan acreditar su experiencia y obtener un título.
Busca reducir el paro, unificar en un mismo sistema la formación para estudiantes y trabajadores y plantea que todos los estudiantes realicen prácticas remuneradas en las empresas desde el segundo trimestre del primer año, tras haber recibido una formación en la prevención de riesgos laborales durante los primeros tres meses.
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