El Consejo de Ministros ha decidido aprobar el indulto parcial a Juana Rivas y la reducción de su pena a la mitad del tiempo.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial para Juana Rivas. De esta forma la pena de dos años y medio por sustracción de menores queda ahora reducida a la mitad.
Indulto parcial para Juana Rivas
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 16 de noviembre un indulto parcial a Juana Rivas.
Fue condenada en el año 2018 a dos años y medio de prisión por sustracción de menores. ¿El motivo? No entregó a sus hijos a su exmarido, el italiano Francesco Arcuri. De esta forma la medida a la que ha llegado el Gobierno supone una rebaja de la actual pena impuesta.
De hecho, la desciende a la mitad: un año y tres meses. Además, han decidido conmutarle la pena de inhabilitación para que pueda ejercer la patria potestad por una pena de 180 días de trabajo comunitario.
La decisión del Gobierno
Los hechos han ocurrido así. Por una parte, la defensa de Juana Rivas esperaba la llegada de esta medida de gracia de manera urgente. Esta medida resulta determinante para obtener la custodia de sus hijos. Este litigio tendrá lugar el próximo día 19 de noviembre en la Corte de Apelación de Cagliari, en Cerdeña. De esta forma, Carlos Aránguez, el abogado de Juana, creía en una actitud favorable del actual Gobierno. Así fue, llegó el indulto parcial este martes 16 de noviembre. Aránguez recordó que la Fiscalía también emitió un informe favorable a esta medida «excepcional» por «absolutamente adecuada» con el fin de resolver un procedimiento penal abierto «contra una madre que solo quiere defender a sus hijos de un maltratador”.
Presiones al Consejo de Ministros
Varias organizaciones feministas y altos cargos del Ministerio de Igualdad han decidido presionar en las últimas horas en redes sociales al Consejo de Ministros. Lo han hecho con el fin de que este tomara la decisión que finalmente ha acordado. El Gobierno ha decidido basarse en este argumento jurídico para aprobar el indulto parcial a Juana Rivas: son “razones de justicia y equidad” en la que toman en cuenta “el interés superior de los menores y las circunstancias vitales de todos los afectados”. De esta forma, el indulto está condicionado “a que no cometa un delito contra los derechos y deberes familiares en el plazo de cuatro años desde la publicación del decreto del indulto”.
