En el inicio del juicio a puerta cerrada, Bernardo Montoya ratificó su declaración y acusó a su ex pareja del asesinato de Laura Luelmo.
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Bernardo Montoya acusa en el juicio a su ex pareja del asesinato de Laura Luelmo. El único acusado por el asesinato de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, ha decidido ratificar su última declaración y acusa a su ex novia Josefa.
Bernardo Montoya acusa a su ex pareja
Bernardo Montoya está actualmente acusado de la agresión sexual y el asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) en diciembre de 2018. Ayer, 15 de noviembre, ratificó ante el jurado popular la versión en la que asegura que es inocente y culpa del crimen a una expareja suya.
Antes de entrar a la Audiencia de Huelva para la sesión de tarde del juicio celebrado a puerta cerrada, el abogado de Montoya ha dicho a los periodistas que su defendido «en absoluto» se ha declarado culpable.
Bernardo Montoya ratifica su declaración
Después del crimen, Montoya, en un primer momento, confesó. Lo hizo tanto en sede policial como judicial, en incluso ante las cámaras de televisión. Confirmó ser él el autor de los hechos y pidió perdón a la familia. Sin embargo, meses más tarde cambió su versión asegurando que era inocente y culpando a una mujer que fue su pareja sentimental. Dijo que esta mujer actuó movida por los celos y que él se culpó «por amor y porque no estaba en condiciones muy idóneas»
Los testigos en el juicio
Es esta versión la que, según su abogado, mantuvo ayer, lunes 15 de noviembre, en el juicio. Volvió a atribuir el crimen a su expareja, una mujer que, aunque constó como investigada en la causa, finalmente quedó excluida.
Ayer, lunes 15 de noviembre, además de Bernardo Montoya también declararon cuatro testigos, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Reanudaron el juicio a las 16:00 horas y declararon otros diez testigos. Montoya actualmente enfrenta una pena a petición de la Fiscalía de prisión permanente revisable. Le acusan de un delito de asesinato y piden 32 años de cárcel. De ellos, 20 años por un delito de detención ilegal y 12 años más por el delito de agresión sexual.