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Este lunes la Audiencia Provincial de Madrid acusó a la Cúpula directiva de la Fundación Afal por delito de apropiación indebida. La Fiscalía pide seis años de cárcel por presuntamente robar el patrimonio de varios pacientes ancianos sin familiares y que padecían alzhéimer, al parecer tenían bajo su tutela más de ocho millones de euros a través de transferencias «injustificadas».
Jaime Conde y la abogada de la Fundación Mercedes Díaz, son los máximos acusados, el fiscal pide para ella cinco años de presión.
El día lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, la primera sesión fue un largo interrogatorio al director Conde, durante tres horas el acusado trató de restarse competencias en la gestión de la Fundación, señalando directamente a Blanca Clavijo, la que fuera presidenta y que falleció poco después de saltar el escándalo.
El principal acusado ha asegurado que él se dedicaba a «funciones de gerencia» y que no era de su competencia «ni contratar personal ni negociar con terceros».
«Mi actividad era llevar asuntos de asesoría jurídica a los clientes, las labores institucionales las hacía Blanca» dijo Conde.
Conde negó que él no formuló las cuentas de la fundación y que no sabe de dónde procedía el dinero del grupo «presentaba el presupuesto, el balance, hacía una exposición de lo que había, pero no intervine en ninguna auditoría ni tenía por qué mirar de dónde procedía el dinero» explicó. Sin embargo, la Fiscalía conoce su participación en esto.
La Fundación tenía a su cargo algo más de un centenar de ancianos, pero el «expolio» fue más concreto en tres de ellos, los que tenían un mayor patrimonio. Según la acusación, la fundación se aprovechó de que las víctimas no tenían familiares para erigirse como tutores legales de los ancianos.
La tutela les dio la autorización necesaria para poder manejar las cuentas de las víctimas, no tenían ningún impedimento para transferir dinero de las cuentas de la asociación, esto con el fin de construir una residencia de lujo donde obtendrían grandes beneficios.
Según el fiscal, el robo fue de ocho millones y medio de euros. El Ministerio Público señaló que no puede diferenciar quién de ellos hacía los movimientos, pues se hacían por internet, «pero en todo caso fue de común acuerdo y consentimiento de los tres». Conde admitió que tenía la clave para realizar los movimientos, pero negó que hizo los que fueron «ilícitos», culpando a la presidenta ya fallecida.
José Antonio F. y María Eugenia J., trabajan como voluntarios en la fundación. José Antonio fue el beneficiario de una transferencia de 1.400 euros por parte del director por unos servicios que nunca prestó a las víctimas de la estafa. Por orden de su entonces jefa, ambos mintieron al juez cuando se investigó el testamento de una de las ancianas afectadas: dijeron que la víctima redactó el testamento en su presencia. La fiscalía pide unos meses de prisión, respectivamente, por delito de apropiación indebida.
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