La asociación Abogados Cristianos presenta una querella contra el Gobierno, pero Fernando Simón es el único investigado por el juzgado.
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Fernando Simón está siendo actualmente investigado por un juzgado de Madrid. Las querellas de la asociación Abogados Cristianos contra la cúpula del Gobierno fructificaron, pero sólo contra el gestor de la pandemia en España.
Fernando Simón está siendo investigado
El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid acuerda la apertura de diligencias respecto a la actuación del director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Las instrucciones son claras: investigar si hubo delito de prevaricación en la gestión de la pandemia del coronavirus.
Es lo que acuerda en un auto a raíz de la querella presentada por la asociación Abogados Cristianos contra Fernando Simón. Dicha querella tuvo como objetivo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los ministros Irene Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. También iba destinada a combatir la gestión de los ex vicepresidentes del Ejecutivo Carmen Calvo y Pablo Iglesias, así como los ex ministros José Luis Ábalos y Salvador Illa.
Investigado Fernando Simón por su gestión de la pandemia
Sin embargo, tras la presentación de la querella contra la cúpula del gobierno y contra los responsables de la gestión de la pandemia en nuestro país, el juez solo investigará a una persona. Fernando Simón.
El juez ha abierto diligencias únicamente a la figura de Fernando Simón. La explicación de dicha apertura de diligencias al gestor principal de la pandemia es inequívoca. Expone que «la situación procesal de las personas aforadas en el momento en que se presentó la querella en el Supremo está resuelta por dicho Tribunal».
Por ello, la única persona susceptible de ser investigada ha resultado ser Fernando Simón.
Fernando Simón, investigado por posible prevaricación
Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos comenzó un proceso penal contra el Gobierno. Dicho proceso se inició por la creencia de que existió un presunto delito de prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus.
La organización expone sus argumentaciones y culpabiliza directamente al Ejecutivo central. La Asociación manifiesta que decidieron no tomar las medidas necesarias para evitar las fatales consecuencias de la pandemia pese a estar completamente informados de la letalidad del virus.
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