El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señaló en su sentencia que los exámenes de Selectividad debían estar disponibles en la comunidad en las tres lenguas cooficiales, es decir, en catalán, castellano y aranés, debiendo ofrecer a cada alumno la opción de elegir el idioma en el que prefiere realizar la prueba.
Esto no se está produciendo en las universidades donde se está llevando a cabo la PAU.
Según fuentes cercanas a las aulas donde se están llevando a cabo los exámenes, se ha visto que se pregunta de forma grupal a los estudiantes si quieren hacerlos en castellano o en catalán.
De forma general se les pide que levanten la mano si les parece bien recibirlos en catalán o si los prefieren en castellano. Además, algunos tribunales de la PAU preguntan de forma directa a los alumnos si les parece bien hacer el examen en catalán en aquellas materias que no eran lengua y literatura.
La justicia indicó de forma precisa que la lengua en la que se ofrecían los exámenes no debía ser determinada por la Administración, fijando como obligatorio presentarla en los tres idiomas cooficiales. Lo que se pretendía con ello era que cada estudiante eligiera de forma libre y sin presiones el idioma, sin que por ello fuera ridiculizado.
Según las fuentes jurídicas, lo que se está ocurriendo en Cataluña con el Govern de Pere Aragonés, obligando a levantar la mano o tratando de imponer que los exámenes se hagan en catalán por defecto, es llevar a cabo una normativa tumbada.
“Están procediendo de igual manera que dictaba la norma tumbada, es decir, ofreciendo por defecto las pruebas en catalán y obligando a significarse a la contra a quien desee las pruebas en castellano”.
El TSJC indica que debe ser el secretario y presidente del Consell Interuniversitari de Catalunya, el que se encargue de hacer cumplir con la resolución en todas las aulas donde se celebre la Selectividad. Por el momento, se desconocen las consecuencias legales que podrían suponer llevar a cabo esta desobediencia a la justicia.
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