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El juez Manuel Piñar Díaz, encargado del Juzgado de lo Penal 1 de Granada se negó a suspender la pena de dos años y medio a Juana Rivas y decretó su ingreso inmediato a prisión por la sustracción de sus dos hijos en agosto de 2017.
El magistrado pidió un libre oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ubicar a Juana Rivas en «un plazo no superior a 15 días» y notificarle la resolución que la mandará al penal.
También intimó a Rivas a abonar la indemnización fijada en 12.000 euros a su expareja. El fallo del juez indicó que «siendo la pena impuesta superior a los dos años no procede la suspensión de acuerdo a lo que dispone el art. 80 del Código Penal«.
Carlos Aránguez, abogado de Rivas, afirmó que «esta decisión nos parece muy injusta, pues todavía no se ha resuelto el indulto que ya hemos solicitado, y por ello hoy mismo presentaremos un recurso contra el auto que acuerda el inmediato ingreso en prisión, solicitando que se deje sin efecto en tanto se resuelva el mencionado indulto».
La decisión se dio en el marco donde el pasado mes de abril, el Tribunal Supremo rebajó la condena de dos años y medio en lugar de cinco por entender que Rivas incurrió en un sólo delito de sustracción de menores y no de dos. Sin embargo, el Alto Tribunal sostuvo la prohibición de ejercer la patria potestad por un período de seis años y estableció la indemnización en 12.000 euros.
El cuatro de mayo, el abogado de Juana Rivas presentó un indulto del Gobierno ante el ministerio de Justicia. Con este fallo pedirá la «suspensión del ingreso en prisión en virtud del artículo cuatro por indulto».
Juana Rivas desapareció con sus hijos durante un mes a finales de julio de 2017. El Juez Piñar la condenó en primera instancia en Julio de 2018 en un falló criticado por diversas organizaciones feministas y algunos partidos políticos. Entre los motivos de la crítica figura que no se admitieron pruebas sobre los posibles malos tratos de Francesco Arcuri, expareja de Rivas, hacia ella, por los que fue denunciado en 2009 y 2016. Estas denuncias de maltrato están siendo actualmene investigados por la fiscalía de Calgliari en Italia.
En ese momento, tanto Rivas como sus dos hijos tenían la condición de víctimas de violencia de género por la Casa de la Mujer de Maracena en Granada, uno de los mecanismos de atención a estas víctimas puestos en marcha por la Junta de Andalucía. Sin embargo, la sentencia no tuvo en cuenta los supuestos malos tratos al afirmar que «se trata de una estrategia de Rivas para quedarse con la guarda y custodia» de sus hijos menores.
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