El Clan Pujol puede percibir entre 8 y 29 años de prisión por ser autores de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.
El patriarca de la familia Jordi Pujol i Soley, quien fuera Presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1980 hasta finales de 2003, podría percibir 9 años de carcel, según el pedido de La Fiscalía Anticorrupción.
Por su hijo, Jordi Pujol Ferrusola piden hasta 29 años de prisión efectiva, mientras que por Josep Pujol Ferrusola han solicitado 14 años. Por el resto de los hermanos (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola) hay un pedido de 8 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo. Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado las actuaciones por motivos de salud contra Marta Ferrusola.
Sobre la condición médica de la matriarca del clan, la Fiscalía solicitó que se realice un examen médico forense y, una vez practicado, informó de que no se oponía al archivo sin perjuicio de que se diera traslado al Ministerio Público de los informes incorporados al procedimiento con objeto de instar ante la jurisdicción civil su incapacitación.
El escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción se mostró contundente en sus conclusiones. Afirma que «el acusado Jordi Pujol Soley aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC».
Continúa agregando que el patrimonio obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante «sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años». «Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento», dice la Fiscalía, y otros, «Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusola, gestionando los beneficios de la actividad descrita». El resto, según el escrito, «beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación».
La denuncia se sostiene en múltiples acciones ilegales como «la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra«.
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