Después del reciente anuncio de Pedro Sánchez de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, es probable que el fin del cierre perimetral y el toque de queda en las Comunidades Autónomas esté cada vez más cerca en España.
El plan actual lanzado desde Moncloa se basaría en que en estos últimos meses de estado de alarma, fuera de nuevo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el encargado de coordinar entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad, las restricciones que se deben imponer.
A pesar de que este nunca haya contado con una votación oficial ni con un sistema de recuento.
El presidente ha defendido hoy en rueda de prensa, que los jueces han avalado la legalidad de los acuerdos que se dan dentro del Consejo Interterritorial. Sin embargo, lo cierto es que ningún tribunal hasta la fecha se ha dedicado a estudiar si el la votación mayoritaria de unas autonomías en una pandemia, puede ser impuesta sobre otras en un foro de tal carácter.
Sea como sea, cuando llegue el 9 de mayo, las Comunidades autónomas se quedarán sin dos herramientas que habían venido utilizando desde el pasado 25 de octubre del 2020. Cuando la segunda ola del Covid estaba en pleno ascenso. Estas son los cierres provinciales o municipales y los toques de queda.
Desde que el pasado otoño se decretara el estado de alarma en toda España, las autonomías tenían la autoridad de decidir si querían que sus territorios limitasen la movilidad a otras comunidades, o fijar horarios nocturnos en los cuales nadie podía estar por la calle.
Después del anuncio del presidente del Ejecutivo, cuando ya no exista tal estado de alarma, las comunidades por mucho acuerdo que se produzca dentro del Interterritorial, estarán obligadas a circunscribir las restricciones acordadas. Es decir, limitar horarios de hostelería y restauración y actividades comerciales, culturales o de ocio, fijar aforos, pero siempre sin limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.
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