La ONU condena a España, por Ancange, la menor sometida a un "desnudo integral y exploración de sus genitales para determinar su edad”.
La ONU junto con el Comité de los Derechos Humanos de los niños, condena a España, por no haber protegido a la menor de edad para ese entonces, después de exponerla a un “desnudo integral y exploración de sus genitales para determinar su edad”, así lo determinaron después de una larga lucha judicial por parte de la defensa de Arcange.
La Historia de abuso y maltrato de Arcange
Arcange esta joven de 16 años fue maltratada y abusada sexualmente por su padre, así lo hizo saber a la autoridad policial que la recibió en Barajas en el 2017, cuando decide huir de su casa por dichos maltrataos, la policía entonces rinde informe constatando la edad de Arcange y solicitando asilo para la menor de edad.
Al iniciar el trámite para la acción de tutela, la cual busca proteger los Derechos fundamentales de los individuos, Arcange fue sometida a una serie de exámenes físicos, en donde se incluía examinar sus genitales, exponiéndola a desnudarse por completo para comprobar y determinar su edad, pues no llevaba ningún documento que lo soportara, solo su testimonio.
Los resultados de los exámenes según el decreto calificado por la Fiscalía, dictaban la mayoría de edad, así que la medida de protección sobre la menor de edad se suspendió, desde ese momento Arcange vivió en la calle, allí conoce a otro menor de edad que la lleva a la Fundación Raíces, para que se encargaran de su caso.
Desde ese momento, hasta hoy han luchado por que el Estado español responda por los daños causados a la menor, pues además de ignorar que era menor de edad para ese entonces, luego de los informes expuestos por la Policía y el Centro de Primera Acogida de Menores que lo constataban, la sometieron a un “desnudo Integral y a la exploración de sus genitales”, así lo expone la condena hecha por la ONU a España, tras conocer el caso.
La Fundación Raíces quienes se han encargado de la defensa, compartió el dictamen este jueves 25 de febrero, donde el Estado español debe responder y sumistrar “una reparación efectiva por las violaciones sufridas», lo que incluye una compensación por los daños morales ocasionados, un acompañamiento psicológico especializado para víctimas de violencia sexual y rectificar su fecha de nacimiento en su documentación.
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