Quienes aleguen vulnerabilidad serán evaluados por los servicios sociales
El Gobierno prohibirá por ley los cortes de suministros de agua, electricidad y gas a personas vulnerables, incluso aunque estas no sean beneficiarias del bono social, previa evaluación por parte de los servicios sociales.
Prohibición de los cortes de suministros
El Gobierno de coalición prohibirá en breve los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a las familias vulnerables.
Según ha precisado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, «la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, pretende trasladar dentro de alguno de los decretos ley que se están tramitando, una disposición adicional que garantiza que ningún consumidor vulnerable va a tener problemas con el corte de suministro«.
Una de las posibilidades que maneja Moncloa es que esta disposición diseñada por el ministerio de Transición Ecológica se incluya dentro del decreto para prohibir los desahucios, que elabora el Ministerio de Transportes y cuya aprobación está prevista para el próximo martes.
«La vicepresidenta cuarta pretende trasladar en uno de los decretos que se está tramitando una disposición adicional en la que garantiza que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de suministros», ha confirmado Montero.
La nueva norma prohibirá los cortes de suministros básicos, como la luz, el agua y el gas, a todas las familias consideradas en vulnerables o en riesgo de exclusión, incluidas aquellas que no son beneficiarias actualmente del bono social tras un informe de los servicios sociales.
«Los consumidores son aquellos que sean considerados como tales por los servicios sociales, incluidos los que no sean beneficiarios del bono social«, ha explicado Montero.
La prohibición del corte de suministros básicos estará vigente durante los cuatro meses posteriores a la entrada en vigor del decreto. El plazo de cuatro meses se establece para dar tiempo a este departamento a desarrollar otras garantías como la estrategia de pobreza energética.
Lea también:
