La RAE ve obstáculos para la educación en castellano.
La RAE no quiere que se pongan «obstáculos» a la educación en castellano. La institución se muestra preocupada los la futura ley de Educación y le hacen saber a Sánchez su preocupación.
La RAE no quiere se que pongan «obstáculos» a la educación en castellano.
La institución ha mostrado preocupación ante la nueva Ley de Educación, que está generando polémica.
La nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, es la octava norma educativa de la democracia. Dicha Ley ha salido adelante este 19 de noviembre, a pesar de que la comunidad educativa se ha mostrado en contra.
La RAE ha expresado su preocupación por la Ley Celaá, la cual puede «poner en cuestión» el uso de la lengua común y promover «obstáculos» para la educación en castellano.
La Real Academia de la Lengua emitió un comunicado «sobre la educación en español en las comunidades autónomas bilingües». La academia hace hincapié, sobre todo, en la enmienda relacionada con la lengua española, que recoge la nueva ley.
La polémica está en la aprobación de la enmienda que elimina la referencia del español como lengua vehicular en la educación, algo que ha provocado el cuestionamiento de la RAE.
En el comunicado, la academia advierte de que el artículo 3 de la Constitución deja al «español como lengua oficial del Estado». Además, en la Carta Magna se recoge que «todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar la lengua española».
En el comunicado, la RAE ha dejado a Pedro Sánchez cual es su principal preocupación: «Que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del Español en ningún territorio del Estado, ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna».
En el texto, la entidad lingüística ha recordado al gobierno que su obligación es «garantizar el conocimiento y libre utilización del español» y se pone a disposición del Ejecutivo para «prestar asesoramiento en lo que sea necesario».
Lo cierto es que la Ley Celaá ha provocado controversia en la oposición y, sobre todo, en la comunidad educativa. Sectores como la educación concertada y la de necesidades especiales son los que más han alzado la voz contra la aprobación de esta nueva ley de Educación.
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