PSOE, Unidas Podemos y ERC, han pactado una enmienda transaccional para la “Ley Celaá” para que el castellano deje de ser lengua vehicular.
El PSOE, Unidas Podemos y ERC han pactado una enmienda transaccional para la “Ley Celaá”. Esta ley esta actualmente tramitada en el Congreso y deja fuera que el castellano sea lengua vehicular en toda España.
El castellano fuera de ser lengua vehicular
De esta manera lo adelantaba El País, citando fuentes parlamentarias. En un principio, esta enmienda se aprobará en la Ponencia del próximo jueves, 5 de noviembre, la cual aun no se sabe si se va a celebrar. Unidas Podemos ha manifestado que esta “enmienda aún no está cerrada”.
El proyecto de ley educativo, denominado Lomloe, actualmente manifiesta en su articulado, redactado muy parecido a la actual ley vigente, la Lomce, que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”.
La idea de este acuerdo es cambiar este último párrafo por otro en el que se señale que las Comunidades Autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)de Cataluña, Ana Losada, lamenta que “dejarán la ley de educación sin la obligación de que el español sea vehicular en toda España, solo hablan de garantizar que se domine, un concepto que les permite aplicar la inmersión con casi ninguna barrera legal y sin establecer herramientas que controlen que ese dominio es real e igual en todo el país”.
“Ahora nos resultará más difícil conseguir ganar los recursos que les obligan a impartir el 25% de castellano; los ganaremos porque la Constitución y la jurisprudencia se mantiene pero añade más dificultades”, advierte Losada.
A juicio de la presienta, “este pacto por intereses políticos para aprobar los presupuestos supone que el Gobierno de España reconoce que no quiere garantizar la igualdad de derechos lingüísticos de todos los españoles”
