La Fiscalía solicitó documentos del acuerdo educativo a la ministra de educación Isabel Celaá tras una denuncia solicitada por un particular.
La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó documentación del acuerdo educativo a la ministra educación Isabel Celaá por la denuncia de un particular en su contra.
En abril del 2020, la Conferencia Sectorial de Educación frente a la epidemia del Covid-19 consiguió adoptar un acuerdo que permitía «flexibilizar» y pasar a los alumnos al siguiente curso con suspenso.
Celaá y la denuncia sobre el acuerdo educativo
En el registro de la investigación en contra de la ministra Celaá, se contempló que el denunciante que solicitó a la Fiscalía dicha apertura de expediente. Consideró, que el acuerdo se adoptó por un órgano que carecía de las competencias.
Es decir, la Conferencia Sectorial de Educación.
Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo abrió los ficheros de investigación para recibir esta denuncia porque este acto puede ser interpretado como un presunto delito de prevaricación. Dicha acción, se refiere a:»Cuando se dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley».
Como esto es sinónimo de un incumplimiento de los deberes por parte de un servidor público. En este caso Isabel Celaá. Ahora la ministra, se ve en la obligación de comparecer presentando todo el expediente administrativo del acuerdo.
Por el momento, la Fiscalía está en la espera de recibir la documentación del acuerdo educativo llevado a cabo por Celaá. Según las fuentes, tras un respectivo estudio, los organismos de justicia comprobarán si efectivamente se incurrió en alguna conducta constructiva de delito.
Expedientes y documentos
Las fuentes del Ministerio de Educación no han querido valorar la disputa. Sin embargo, afirman que se han reenviado toda la documentación requerida incluyendo los informes jurídicos que tenían relación directa con la aprobación del acuerdo educativo.
Ante la situación ocasionada por la pandemia del Covid-19 se registró el expediente de la orden del 22 de abril. En este, se establecieron los marcos y directrices de actuación en todo el sistema educativo español para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el posterior inicio del curso 2020-2021.
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