Los repartidores de Glovo son falsos autónomos
El Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia: los repartidores de Glovo son falsos autónomos. Después de años de batallas judiciales, el tribunal ha reconocido que los ‘riders’ han de tener un contrato laboral que los considere trabajadores asalariados. La decisión ha sido publicada en una nota informativa entre las polémicas por las condiciones laborales de estas empresas.
La resolución es histórica: por primera vez se reconoce que los repartidores de Glovo no son autónomos y deben transformarse en trabajadores asalariados: «Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores», ha dictaminado el tribunal, que dice que los trabajadores que reparten en bicicleta fijan «las condiciones esenciales para la prestación del servicio y son titulares de los activos esenciales para la realización de la actividad».
Esta sentencia obliga a Glovo a contratar a sus repartidores, y ha sido acordada con completa unanimidad en el Pleno. El resto de plataformas similares, como Uber Eats o Stuart se enfrentarán en breve al mismo cambio, pues este ha sido el primer eslabón de la cadena de empresas de reparto instatáneo: Deliveroo ya tiene un recurso en los tribunales que se resolverá en los próximos meses.
La razón principal por la que se reconoce a los ‘riders’ como empleados y no autónomos es que «prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador», según dicta la nota informativa. Desde Glovo han dicho respetar la resolución pero recuerdan que el debate se encuentra aún abierto en el Tribunal de Justicia Europeo y dicen estar a la espera de la «definición de un marco regulatorio adecuado por parte del Gobierno y Europa».
El Gobierno, por su parte, prepara una normativa general para esta clase de repartidores que se aplicará el próximo año y Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, ha adelantado que la propuesta pretende reconocer la laboralidad de estos trabajadores. Hasta ahora, los ‘riders’ cobraban al rededor de 3 euros por pedido, en unas condiciones que han sido altamente cuestionadas por los propios trabajadores y por sindicatos como UGT, tildadas en numerosas ocasiones como «precarias». Ahora el Tribunal Supremo ha zanjado la polémica y les da la razón: son falsos autónomos.
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