Según ha informado el juez, las operaciones de espionaje a Bárcenas se habrían “dirigido presuntamente con la participación” del exministro.
El juez García-Castellón ha citado a declarar como imputado en el espionaje de Bárcenas al antiguo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a finales de octubre. Tras el encuentro, el juez determinará si se cita también a Cospedal y a su marido, tal y como lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
Manuel García-Castellón, el juez del caso Villarejo, ha hecho público este viernes, 18 de septiembre, que ha citado a declarar como imputado al exministro Fernández Díaz, el próximo día 30 de octubre por estar involucrado en el espionaje al extesorero Bárcenas.
El juez también ha informado que ha citado a declarar a Francisco Martínez – el que fue el número dos de Interiores – el día de antes.
Según expone el auto del juez, las investigaciones policiales indican que la operación de espionaje parapolicial se habría dirigido y coordinado “presuntamente con la participación directa del ministro – de Interior – y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”. Según ha explicado García-Castellón, ha llegado a esta conclusión gracias a los audios de Villarejo y la documentación incautada.
Asimismo, según el juez, hay “evidencias” del “conocimiento de los hechos por parte de los mandos superiores” de Interior, como la constancia de que se estaban utilizando fondos reservados pagar al chófer de los Bárcenas.
Por el momento, el instructor de la pieza 7 no ha citado a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular, y a Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la antigua líder del PP, tal y como lo ha solicitado Anticorrupción. No obstante, ha avanzado que se tomará la decisión tras conocer el contenido de la declaración de Fernández Días.
El auto judicial confirma que el juez García-Castellón abrirá la vía de investigación de que los comisarios tomaban parte de los fondos reservados. Destaca la declaración de Miguel Ángel Bayó, encargado de los fondos reservados de la Políca, “cuyas manifestaciones pusieron de manifiesto disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de los fondos que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento de altos mandos policiales”.
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