Las largas coles de profesores que acudieron para las pruebas serológicas
Hay tan solo que imaginar la cara de sorpresa de los 16.700 docentes a los que la Comunidad de Madrid envió el invito a someterse a las pruebas serológicas privadas que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso – muy preocupado por los avances del virus – está efectuando mientras que estamos escribiendo, hoy 2 de septiembre.
La comunicación fue enviada ayer para presentarse al día siguiente, así que fuera de los centros donde arrancan las pruebas serológicas a profesores hay colas masivas y miles de docentes denuncian en la red la falta de organización previa con la consecuencia de esperas interminables y, en muchos casos, sin las necesarias medidas de distanciamiento de seguridad.
Isabel Ayuso prometió a los docentes de la Comunidad de Madrid de realizar test antes de la vuelta al cole en septiembre, pero a nadie se le ocurrió pensar que una tarea tan grande se proporcionase de un día para otro. El Gobierno madrileño puso en marcha un procedimiento de emergencia para contratar Ribera Salud y Cruz Roja, como relata elDiario.es: «Las pruebas se han hecho con una empresa porque era la única forma de garantizar que estuvieran antes del inicio del curso» ha aclarado al proprio periodico de información Enrique Ossorio, Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid.
No se sabe todavía el coste de esta operación masiva, que además se consiguió a través de una adjudicación a dedo por la urgencia que la medida requería.
Otro fallo que una tan rapida actuación tuvo es que muchos datos personales de los docentes quedaron al descubierto por culpa de la prisa de llevar adelante esta encuesta serológica a miles y miles de profesores. Como detalla elDiario.es, a cada uno de los profesores citados para las pruebas llegó un email con un excel adjuntado en el cual aparecía todo tipo de información de los profesionales.
“Es muy grave el fallo de seguridad que se ha producido al filtrarse un listado con los datos laborales, y personales de más de dieciséis mil empleados públicos» denuncia Isabel Galvín, portavoz de enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. «Por este motivo vamos a interponer hoy mismo una demanda ante la agencia nacional de protección de datos” informa la profesional.
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