Las comunidades autónomas han puesto en marcha un endurecimiento de las sanciones por incumplir las restricciones generadas por la pandemia de COVID-19.
Personas contagiadas, que esperan el resultado de una PCR o contactos de positivos que no cumplen con el aislamiento, son algunos de los ejemplos que provocan un aumento de casos de coronavirus.
Unos incumplimientos que va en aumento y a los que las comunidades quieren poner freno mediante sanciones.
Durante la comparecencia de Pedro Sánchez el 25 de agosto, tras el primer Consejo de Ministros, se puso sobre la mesa la posibilidad de un estado de alarma regional, pero fue rechazado en su gran mayoría.
Las medidas adoptadas en dicho Consejo de Ministros incluyen 2.000 efectivos de rastreo y un refuerzo de las CCAA para gestionar la pandemia.
Murcia alertó que, contabilizando solo el domingo pasado, se registraron 80 incumplimientos. Desde que se inició la pandemia, ha habido 4.152 denuncias por distintos incumplimientos, según expuso el consejero de Salud, Manuel Villegas. El incumplimiento del aislamiento en Murcia podrá ser castigado con hasta 600.000 euros.
La situación en Baleares ante los casos detectados, desde ayer entraba en vigor una normativa que habilita al Govern a imponer sanciones.
El endurecimiento de sanciones en Galicia por incumplir las restricciones por COVID, asciende en Galicia hasta 120.000 euros.
En Andalucía se considera infracción grave el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad sanitaria, lo que conlleva una multa de entre 3.001 y 60.000 euros.
Situaciones como la de las aglomeraciones en Vilafranca sin mascarilla ni distancia, provocan endurecimientos de sanciones por incumplir las restricciones de COVID.
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