El juez de paz de Formentera Joan Yern Mayans ha sido detenido por dejar trabajar enfermos de Covid en su restaurante.
El juez de paz de Formentera y proprietario del restaurante ‘El Pirata’, Joan Yern Mayans, ha sido detenido por dejar trabajar enfermos de Covid que supuestamete estaban cumpliendo la cuarentena en sus propias casas.
La Guardia Civil detuvo al juez de Paz de Formentera – donde desde el pasado 10 de agosto se activó la app Radar Covid – el pasado domingo 23 de agosto imputandole el delito de lesiones (art.
152.1) por, presuntamente, favorecer la propagación del coronavirus, y otros relacionados a los derechos de los trabajadores. La detención del dueño de ‘El Pirata’ – situado en playa de ses Illetes en Formentera – tuvo lugar nueve días después al decretarse el cierre provisional del establecimiento del juez de paz Mayans por haberse encontrado unos cuantos trabajadores activos a pesar de la obligación a cumplir la cuarentena en su propios domicilios.
Formentera, detenido juez de paz
El juez de paz Joan Yern Mayans, detenido el pasado domingo, pasó una sola noche en la cárcel y ahora queda en libertad con cargos tras haber pasado el lunes a disposición judicial. Mientras tanto la Dirección General de Salud Pública desde el pasado lunes 17 de agosto hizo un llamamiento a todas aquellas personas que acudieron al restaurante ‘El Pirata’ de Formentera desde el 10 y el 14 de agosto para que se someten a una prueba PCR cuanto antes posible y comprobar si hay casos de Coronavirus entre los clientes cuantos son aproximadamente .
Ademas de las consecuencias penales, el juez Joan Yern Mayans se enfrentará a los efectos de las infracciones por incumplimiento de las normas de prevencion al contagio de Covid-19, que a partir del pasado mes de julio el Govern prometió endurecer en particular manera en establecimientos y locales de cara al publico. Como el caso del restaurante del juez Joan Yern Mayans, que ha prefigurado una contingencia de incumplimiento grave de las normas antiCovid: el régimen sancionatorio puede multar hasta 600.000 euros por delitos como aquel presuntamente perpetrado por el juez Mayans.
