Ingreso Mínimo Vital se ha reconocido a poco más del 10% de solicitantes.
El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) ha recibido un total de 750 mil solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde el 15 de junio, momento en el que entró en vigencia la prestación. De este total, han aprobado 80 mil, lo que significa solo un 10,7%, de acuerdo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Señalaron además que se han evaluado 156 mil solicitudes del total que han recibido, lo que significa un 56%. Por ejemplo, entre julio y agosto, solo se ha reconocido la prestación a 5 mil 881 personas.
El ministro encargado de esta cartera, José Luis Escrivá, aseguró que los retrasos son motivados a la búsqueda de fraudes y duplicidades en los expedientes. Cree que en septiembre ya se habrán resuelto los problemas que han causado la demora.
Además, la Seguridad Social ha rechazado un total de 36 mil 800 solicitudes. La principal razón de las denegaciones es que los solicitantes presentan una renta o patrimonio superior a lo que se ha fijado como requisito. De igual forma, han existido casos en los que la documentación necesaria está incompleta.
Escrivá remarcó además que si la idea es que la prestación llegue realmente a las personas que lo necesitan «hay que ser muy rigurosos». Dijo que la tarea de análisis de los expedientes es difícil para los funcionarios porque deben cambiar intensamente información con ayuntamientos, la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).
Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), aseguró que si el Gobierno no resuelve el problema de tramitación del IMV se convocarán movilizaciones. Dijo que discutir si falta un documento o no en un expediente es algo que calificó de «inhumano». Afirmó que hay una gran cantidad de familias que no tienen ningún tipo de ingresos en estos momentos.
En el mismo sentido, José Manuel Álvarez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), consideró que la gestión del IMV es un «desastre». Dijo que la demora puede generar un «caos», pues el silencio administrativo es negativo a los tres meses, lo que provocaría que los solicitantes vuelvan a realizar la petición.
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