El pasado martes, 4 de agosto de 2020, la organización Omnium Cultural presentó una petición urgente al Tribunal Supremo para activar la “búsqueda internacional” de Juan Carlos I, para que fuera citado a declarar de manera inmediata y “rinda cuentas ante la justicia”.
El miércoles, 5 de agosto, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de tomar medidas cautelares.
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de tomar medidas cautelares contra Juan Carlos I alegando que la toma de este tipo de medidas no es compatible, siguiendo el sistema procesal español, con el caso del rey emérito.
En este caso, Juan Carlos de Borbón no tiene condición de investigado. Según se expresa en la providencia del Supremo, “nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado”.
Omnium exige que “desde las instituciones involucradas se informe inmediatamente del paradero de Juan Carlos de Borbón y se le advierta de que su incomparecencia podrá provocar una orden de detención y la activación de los mecanismos de cooperación policial y jurisdiccional internacionales”. Según el vicepresidente de la entidad “estamos ante un escándalo democrático mayúsculo” y la justicia nacional “está de brazos cruzados y permite impunemente que el Borbón se fugue sin rendir cuentas”.
La Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando actualmente el pago de comisiones secretas relacionadas con la construcción del AVE a La Meca. Entre las personas que podrían estar involucradas en los hechos figura el rey emérito, Juan Carlos I. Hace unas semanas, salían a la luz unos audios de Corinna Larsen con el excomisario Villarejo, que datan de 2015, en los que la empresaria clama que Juan Carlos había cobrado comisiones al actuar como mediador en la firma de contratos millonarios de empresas españolas.
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