Una querella por presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio en las residencias.
Marea de Residencias solicita ampliar la querella impuesta contra Isabel Díaz Ayuso, algunos de los directores de geriátricos y el consejero de Sanidad. Una petición al Supremo para impedir «la destrucción o borrado de las grabaciones de las conversaciones entre el personal del Summa 112 y las residencias de la Comunidad de Madrid».
La plataforma Marea de Residencias considera que la ampliación es necesaria como medida cautelar. El objetivo,
«Evitar que puedan desaparecer pruebas incriminatorias decisivas en el presente procedimiento. En numerosos testimonios de los querellantes constan referencias a conversaciones entre el personal del Summa 112 y responsables de las residencias, valorando la posibilidad de trasladar al residente al hospital, o no»
El contenido de las grabaciones
En estas llamadas queda constancia de como el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid rechazaba el traslado de mayores desde las residencias hasta los hospitales. Marea de Residencias carga así contra el Summa 112, encargado de realizar estos traslados.
Durante los meses de marzo y abril, las cifras oficiales desvelan que, de las 7.291 personas que fallecieron sin ser trasladas al hospital, el 77% de ellos eran residentes de geriátricos. Una consecuencia quizá derivada de la aplicación del Protocolo de la Consejería de Sanidad. En este se impedía el traslado al hospital de los mayores si tenían un determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo.
Querella por homicidio imprudente
Marea de Residencias interpuso una querella el 7 de mayo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y los directores de diez residencias de la Comunidad de Madrid. En dicha querella se les acusa por presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
Poco después, Marea de Residencias presentó otras dos querellas contra los directores de cinco centros en las localidades de Leganés y Alcorcón. En ellas también pidieron que se investigase a Ayuso, Escudero y el consejero de Justicia.
Ahora, Marea de Residencias solicita la ampliación de la querella para garantizar que esas pruebas no sean eliminadas. Tres meses después, los querellantes todavía están a la espera de que la Justicia decida si la admite o no a trámite.
