El actual Ejecutivo pretende salvar la figura del actual Rey intentando no relacionarle con los negocios paternos. El Gobierno afirma que nada tienen que ver con la actual Corona.
Todo esto se refiere a la gestión de la estructura “offshore”, la cual habría facilitado a Don Juan Carlos encubrir la cifra de 64,8 millones de euros de los negocios con Arabia Saudí.
Esto se sabría gracias a que aparece la firma del anterior Rey en nada menos que tres de sus páginas, situándolo como “primer beneficiario”.
El problema se presenta cuando aparece el Rey Felipe VI como “segundo beneficiario” de esta millonaria cifra.
El convenio garantizaba que, a la muerte del antiguo monarca, esos fondos millonarios irían a parar a “garantizar el mantenimiento de todos los miembros de la Familia Real española». En concreto de Doña Sofia, antigua reina, y sus dos hijas, Elena y Cristina, incluyendo sus hijos nacidos o que estuvieran por nacer.
El 15 de marzo, Zarzuela quiso desmentir el conocimiento del Rey de su participación en este acuerdo como segundo beneficiario. Además, el 12 de abril, Don Felipe comunicó que renunciaba a la herencia paterna.
María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y portavoz del actual Gobierno, quiso dejar claro que “la justicia es igual para todos”. Añadió que, por supuesto, el Ejecutivo facilitará el trabajo de los tribunales, tanto dentro como fuera de España, cuando sea necesario. La ministra recalcó que las investigaciones que se están realizando en Suiza tienen que ver con el Rey emérito y no con el actual jefe de Estado.
Tanto la portavoz como el magistrado Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia, han querido resaltar que prima el principio de “presunción de inocencia” y “la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.
El Ministro de Justicia quiso aclarar que la Fiscalía del Tribunal Supremo está realizando las investigaciones correspondientes sobre los negocios poco claros del anterior monarca. Juan Carlos Campos no quiso dejar pasar la oportunidad de ayudar a la Corona. A tal fin, reseñó que tenemos que tener “confianza en las instituciones que la Constitución sobrepone por encima de las personas”.
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