comunidades acuerdo final de curso
Cuatro comunidades no aceptan que alumnos con suspensos puedan pasar de curso u obtener un título. Pese a que la reunión de la conferencia sectorial se cerró con la impresión general de un amplio grado de consenso, son varias las comunidades que están en desacuerdo.
Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco han anunciado que no aplicarán el acuerdo consensuado por el Gobierno y las autonomías para la finalización del curso. Piden que el Gobierno fije un número máximo de asignaturas suspendidas a partir del cual los alumnos no puedan pasar de curso o titularse.
La consejera de Murcia, Esperanza Moreno, admite que durante la reunión felicitó y dio “la enhorabuena” a la ministra de Educación, Isabel Celaá, por el contenido del documento, pero que ya advirtió que el ministerio debía fijar un número máximo de suspensos para “dar
herramientas al profesorado” a la hora de decidir qué hacer con los alumnos. El Gobierno vasco ha calificado el documento de “positivo”, pero ha dicho que no va a firmarlo porque está elaborando su propio plan de finalización de curso.
Galicia ha dicho que, pese a no gustarle la solución elegida por el ministerio, la aceptaría por “responsabilidad institucional”. Cataluña, que ha mostrado sintonía con las medidas acordadas, no se ha suscrito señalando que está ultimando su propio decreto. El texto redactado por el ministerio contempla que, como norma, todos los alumnos puedan promocionar y obtener los títulos independientemente de cuántas asignaturas suspendan, reservando la repetición para casos muy excepcionales que deben ser decididos por entre 10 y 15 profesores. Las comunidades que no se suscriban al documento deberán ceñirse a lo estipulado por la actual ley educativa (Lomce)
Un portavoz del ministerio ha recordado que las autonomías “que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante si así lo consideran”. Las comunidades que están en el acuerdo creen que aquellas que se han manifestado en contra acabarán aceptando la orden ante la perspectiva de tener que suspender a muchos alumnos que, de haber estado en otros territorios, habrían podido pasar de curso o hecho la Selectividad.
Leticia Cardenal, presidenta de la confederación de madres y padres (Ceapa) considera que la situación actual supone “una gran injusticia”, teniendo en cuenta que, en el contexto creado por la epidemia del Coronavirus, 8,2 millones de alumnos llevan más de un mes encerrados en sus casas, muchos de ellos con dificultades de acceso a la docencia online, y sin una previsión optimista sobre el regreso a las aulas antes de que acabe el curso.
Algunas voces en la reunión entre comunidades y ministerio plantearon, de hecho, que el ministerio podría haber regulado el fin de curso mediante un decreto de ley, que sí habría sido de obligado cumplimiento para todas las comunidades. El problema es que ese decreto debería ser ratificado después por el congreso, donde el Gobierno no tiene la mayoría.
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