Coronavirus denuncias saltarse el confinamiento
Las consecuencias del Estado de Alarma decretado por el Gobierno el pasado sábado ante el Coronavirus comienzan a llegar a quienes incumplen las medidas. Mientras la pandemia afecta a España, no todos los ciudadanos respetan la norma de quedarse en casa.
De hecho, llegan las primeras denuncias y condenas por saltarse el confinamiento.
Lluvia de denuncias, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido 157 personas por actos que no son conexos a los preceptos del decreto de alarma. Las sanciones por incumplimiento del confinamiento ya empiezan a traducirse en condenas judiciales. Dos de los primeros casos ocurrieron en Tenerife, donde el Juzgado de Instrucción de Santa Cruz dio una multa pecuniaria. Los condenados se saltaron la cuarentena sin poder invocar una de las justificaciones permitidas por el decreto. La multa se suma a la sanción derivada del informe administrativo abierto por las autoridades que aplicaron la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada ley mordaza.
En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó la primera condena. El condenado deambulaba por la calle sin ninguna explicación aparente, se opuso a identificarse y agredió a dos policías. Su condena es una multa de 480 euros por delito de desobediencia, resistencia a la autoridad y de lesiones leves. Además, se suma una indemnización a los agentes que todavía no ha sido establecida por el juez. Por tanto, se trata de condenas independientes de la sanción administrativa por la violación del confinamiento.
El Ministerio del Interior estableció los criterios que las fuerzas de seguridad tienen que aplicar en caso de violación del decreto: la ley mordaza y el Código Penal. La ley mordaza prevé multas de 100 a 600 euros si la infracción es leve, sin embargo en caso de desobediencia o resistencia a los agentes se llega a 30.000 euros. En cambio, si se infringen los artículos que van del 550 al 556 del Código Penal, las penas son más severas. Se incluye también la posibilidad de ir a la cárcel, de entre tres meses y un año, en caso de resistencia y desobediencia grave a la autoridad.
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