Sin duda, se trata de una de las grandes, grandísimas, lagunas de la última reforma de la Ley de Tráfico.
Anteriormente, la Guardia Civil multaba sin compasión a todo aquel que encontrara con un detector de radar instalado en su coche.
Creo que la multa era de 150 o 200 euros y conllevaba la pérdida de tres puntos.
Una sanción que parece corta para quien pretende eludir la ley sistemáticamente.
Sin embargo, como la ley también dice que los radares deben estar preseñalizados se creyó que el usuario podía tener derecho a esta información.
Esta es la explicación, aunque en realidad nadie se explica cómo el gobierno que ha mantenido una política tan clara con estos asuntos podía haber abierto la mano de esa manera.
Vamos, que la única explicación era la de un error garrafal de quien redactó la ley.
Ahora, ese pequeño descuido parece que va a ser subsanado a tenor de lo que anunció el director general de Tráfico, Pere Navarro, hace unos días.
Según el director del organismo esta “limbo jurídico” va a desaparecer muy pronto.
Personalmente, no recomiendo a nadie el uso de estos dispositivos, pero si ibas a comprarte uno piénsatelo bien ahora porque puede ser dinero tirado.
Seguro que ahora además querrán darles todo lo duro que puedan.
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