Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se abstuvo de mencionar la procedencia de los solicitantes de asilo saharauis en el aeropuerto de Barajas. Defendió las deportaciones, indicando que una nueva orden de expulsión está programada para este jueves, alegando que estas se basan en un análisis «individualizado» de cada caso.
Sin embargo, tanto los solicitantes como sus abogados y organizaciones sociales han denunciado que se están emitiendo resoluciones «idénticas», rápidamente y sin una evaluación adecuada de las evidencias de activismo y de las agresiones por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sáhara Occidental.
Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro afirmó que la colaboración con ACNUR es constante, pero no hizo alusión al origen saharaui de aproximadamente 35 solicitantes, quienes han estado en condiciones de inadmisión en el aeropuerto durante semanas. Hace una semana, desde el Ministerio del Interior, se mencionó a estos individuos como «solicitantes marroquíes». Según fuentes de los abogados que los representan, se ha generado una nueva orden de traslado para cerca de diez saharauis, quienes tienen un vuelo programado para este jueves. El domingo por la noche, el Ministerio intentó deportar a algunos de estos solicitantes de asilo, incluyendo a mujeres y menores.
Según informaciones provenientes de los activistas, más de diez de ellos se negaron a embarcarse en el avión y fueron llevados de regreso a la sala de inadmitidos en el aeropuerto de Madrid. Durante una conferencia de prensa, el ministro Grande-Marlaska defendió la labor de su departamento, que ha sido objeto de críticas por parte de diversas fuerzas políticas, asociaciones de jueces y organizaciones sociales. Subrayó que «nuestra oficina de Asilo y Refugio cuenta con más de tres décadas de experiencia, y su principal misión es salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como garantizar el acceso a la protección internacional para todas las personas que lo soliciten». Además, añadió que «se trabaja en cada caso de manera individualizada, analizándolos detalladamente para llegar a una resolución. Es crucial considerar también la intervención del poder judicial, que examina y decide en última instancia. La resolución final se emite conforme a una estricta interpretación del derecho internacional humanitario».
