Isabel Perelló, líder del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, apeló este jueves a «no permitir que los jueces sean agredidos injustificadamente», defendió el trabajo del tribunal superior y destacó que aún «nos queda un largo trayecto» para que las mujeres tengan más posiciones de poder en el sistema de justicia.
Al mismo tiempo, el fiscal general Álvaro García Ortiz, solicitó que se ponga un tope a las acusaciones populares. Ambos pronunciaron estas palabras en presencia del Rey Felipe VI durante la inauguración oficial del año judicial.
«Quiero expresar mi solidaridad a todos los jueces en España: pueden confiar en el apoyo del Consejo General del Poder Judicial.
Debemos estar orgullosos del trabajo que realizan diariamente», afirmó con convicción Perelló, en su primer discurso público. Un claro indicio de su defensa a los magistrados que recientemente han sido acusados de lawfare por los separatistas.
Perelló hizo hincapié en «aplaudir el excelente trabajo de mis colegas del Tribunal Supremo». No es una coincidencia que la magistrada de la Sala Tercera de este organismo se dirija a sus colegas que también han sido objeto de críticas por su interpretación de la amnistía, entre otros temas.
Ni tampoco fue incidental su mención inicial a las «colegas». «Nací en una España donde las mujeres no podían ejercer en la judicatura. Actualmente, somos mayoría, el 80% de los candidatos que aprueban los exámenes de ingreso a la judicatura son mujeres. Tuvimos que esperar al siglo XXI para ingresar al Tribunal Supremo. A pesar de ello, todavía tenemos un largo camino: las mujeres continúan siendo minoría en los puestos judiciales superiores», enfatizó.
El comienzo de la intervención de la jurista ha estado lleno de principios feministas, defendiendo la equidad, además de expresar su gratitud por «la confianza» depositada en ella por los miembros del CGPJ. Perelló ha manifestado estar «consciente de las dificultades» que tiene por delante y ha admitido que han sido «tiempos extremadamente retadores».
Respecto a los retos a los que se enfrenta, ha resaltado dos aspectos: primero, que el Consejo que actualmente dirige debe llenar las vacantes en la estructura jurídica superior «con meticulosidad, transparencia y acatando completamente los principios de mérito y habilidad»; segundo, el «gran desafío» de «mantener la independencia judicial».
«Ninguna autoridad estatal puede impartir directrices o instrucciones a jueces y magistrados sobre cómo deben interpretar y aplicar el sistema legal. Solo en aquellos estados donde la separación de poderes está asegurada, son realmente estados de derecho», afirmó.
La recién designada presidenta ha expresado su «compromiso» con la independencia judicial, reconociendo que, aunque las diferencias son factibles, no es aceptable «la descalificación o el insulto». Perelló hizo un llamado «a las diferentes fuerzas políticas y a las autoridades del estado para que respeten el trabajo que realizan los jueces».
Y ha señalado que las «potenciales irregularidades que podrían ocurrir» en el ejercicio de la función legal tienen «sus propios mecanismos correctivos a través de los procedimientos de contestación previstos en las leyes procesales». Esto se interpretó como un mensaje indirecto en contra de la demanda que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado contra el juez que dirige la investigación en contra de su esposa.
Por su parte, García Ortiz insta a limitar las acusaciones populares.
El procurador general ha solicitado una modificación legislativa que restrinja las denuncias públicas. Esta solicitud no es inconsecuente, teniendo en cuenta que casos como el de ‘Begoña Gómez’ se basan en cinco denuncias públicas (incluyendo a Manos Limpias y Vox), que impulsan el caso solicitando continuamente actuaciones; o el ‘caso Villarejo’, que también ha sido promovido por denuncias como las de Podemos o el PSOE.
«Más que el riesgo de colapso […], el daño que estamos describiendo ahora es de naturaleza sustantiva e instrumental. Cualquier ciudadano tiene la autoridad de ejercer acciones públicas en la manera y respecto a los procesos penales determinados por la ley», ha detallado. «Hemos alcanzado un punto de manejo difícil: el ingreso a los juzgados penales, la práctica de la justicia penal ha alcanzado universalidad», ha manifestado.
Si la figura fue diseñada para un propósito, actualmente existen denuncias privadas con intereses que no necesariamente necesitan ser legítimos. «Cuando se buscan beneficios privados, políticos, religiosos, corporativos, económicos, mediáticos o incluso simplemente procesales. Todos ellos se alejan, como mencionamos, de los objetivos de la investigación criminal», ha explicado.
Desde este enfoque, el líder de la Fiscalía ha defendido el papel de sus subalternos: «En cada juzgado o fiscalía, como fiscales, tenemos el derecho y la obligación de expresar nuestra visión jurídica, nuestro planteamiento, acorde o divergente con las de los instructores o jueces. No sólo es un criterio programático, es un ejercicio esencial de responsabilidad profesional. Un contrapeso necesario al ejercicio del Poder Judicial».
Los delincuentes son los únicos beneficiados por una Fiscalía debilitada, por lo que es fundamental defenderla y mantenerla fuerte. Debido a ciertos discursos que buscan socavar nuestras instituciones, principios y valores democráticos, o incluso nuestra convivencia, el Ministerio Fiscal se compromete a proteger los derechos de todas las personas a través de su arduo trabajo y dedicación.
Se ha insistido en la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para permitir que los fiscales, y no los jueces, lideren las investigaciones, con el objetivo de descongestionar los juzgados. Se requiere un cambio de modelo que revierta el procedimiento establecido, donde los juzgados y tribunales penales son los primeros y únicos filtros de investigación.
En esta edición, la memoria fiscal, que se presenta anualmente como indicador del estado de nuestros tribunales, se centra en la dependencia que los jóvenes tienen de Internet. La normalización de la violencia y la falta de conciencia sobre la importancia de proteger la privacidad son efectos preocupantes de la interacción entre los menores en las redes sociales.
De igual modo, se ha destacado la vulnerabilidad de los inmigrantes y el impacto de la desinformación en las redes sociales. Como se ha resaltado, independientemente de su estatus migratorio, son seres humanos con dignidad y con derechos inherentes.
«Si al hablar de los infantes migrantes, los tratamos como simples objetos o cifras, será la historia la que decida nuestro juicio», afirmó. Según García Ortiz, no existe ninguna norma legal que pueda sostener instituciones sin convivencia, un pensamiento que ha reafirmado con las palabras tolerancia y respeto durante toda su intervención.
Otra vez, la necesidad de mayores recursos para el Ministerio Público ha surgido. «Desde el respecto máximo a las competencias de cada región, desde la Fiscalía de España nos preocupa que en el manejo de los procedimientos, en la eficiencia del sistema y en el avance del servicio público, cuando es difícil separar lo procesal de lo material, la eficiencia de los sistemas de gestión procesal podría estar en cuestionamiento», ha expresado.
