La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa el 31 de julio de 2024, tenía dos temas principales que la prensa iba a abordar: Begoña Gómez y el preacuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa.
Estos dos asuntos, Sánchez estaba muy consciente de ello. Asimismo, sabía que tenía que mantener una postura defensiva, sin entrar en más detalles sobre la investigación hacia su esposa, que alcanzó su clímax con el «montaje» que el juez llevó a cabo para su testimonio.
Además, no desveló ni detalló sobre el acuerdo con los republicanos y su implicación.
Con estos dos temas dominando, Sánchez intentó transmitir otros mensajes. Por supuesto, quiso destacar su alegría por el desarrollo positivo de la economía. Sin embargo, también lanzó algunas advertencias a sus aliados para que abandonen la «campaña permanente», y comenzó a preparar el terreno en caso de que finalmente no tenga nuevos presupuestos.
El líder del PSOE tiene la intención de completar la legislatura, algo que ha venido afirmando desde el comienzo de este mandato. Reafirmó esta idea ayer con su declaración: «vendrán tres años más de progresos, que vamos a cumplir y que cumpliremos», aunque bajo circunstancias totalmente diferentes a las anteriores.
En la conferencia de prensa del miércoles que hizo balance del ciclo político, Sánchez destacó las principales victorias de su gobierno en los últimos ocho meses desde su segundo mandato. Resaltó logros en áreas económicas, sociales, mejoramiento del sistema de bienestar, cambio verde, así como en la política exterior. El mandato general se decidió por los ciudadanos «mediante su elección» hace exactamente un año, en las elecciones generales del 23 de julio, después de las cuales logró sobrevivir. Según Sánchez, los españoles «demandaron progreso, seguir en la dirección correcta de los últimos años, pidiendo un gobierno que luchara por la justicia y que pudiera alcanzar acuerdos». «Esto es lo que la gente procuró y eso es lo que estamos implementando», afirmó.
Sánchez aceptó que preferiría poner fin a la «búsqueda compleja de acuerdos en el Congreso General que ha sido dominante en los últimos meses electorales». Reconociendo la obviedad, el presidente confirmó que la fragilidad de su gobierno había dificultado enormemente las cosas más allá de lo previsto. Aunque sostuvo que los resultados de una administración no se pueden evaluar puramente en términos de leyes, admitió su deseo de superar tres luchas parlamentarias.
En ese punto, Sánchez envió un mensaje a todos los partidos, principalmente a sus socios, pidiendo su apoyo para aprobar el presupuesto nacional para 2025, una herramienta esencial para estabilizar el término y establecer un camino a seguir. Aún no tiene garantizados estos apoyos, sobre todo después de que la semana pasada Junts derribara de manera inesperada el camino del déficit, precursor del presupuesto nacional.
Este es «el tiempo para conversar, dialogar, construir acuerdos, aprobar un nuevo presupuesto nacional y acordar nuevos avances sociales», condenó Sánchez.
El mandatario instó a los partidos a que «acepten por fin el mandato» dado por la ciudadanía el 23-J, resaltando que «este no es el tiempo para continuar con la campaña, una campaña electoral constante». Manifestó que es «el momento para conversar, dialogar, construir consensos, aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado y negociar innovaciones sociales». Solicitó claramente a sus aliados en el parlamento que apoyen al gobierno para continuar «progresando», «luchando contra las injusticias», ya que mientras España «crezca por encima del promedio europeo», genere empleo, «lidere» la transición ecológica, y mientras continúe «protegiendo los intereses de la mayoría en contra de la minoría privilegiada», el gobierno progresista de coalición «tiene propósito, valor y energía para seguir adelante».
«Las cosas importantes», relacionadas con el «día a día de los ciudadanos»
En resumen, Sánchez estaba solicitando a sus socios apoyo. Apoyo parlamentario para las acciones del gobierno. Sin embargo, ese mensaje estaba destinado, principalmente, al aliado más inesperado y suspicaz de todos, Junts. La suerte de la legislatura depende de él. El que demostró hace una semana, al desestabilizar la senda de estabilidad en el Congreso, que tiene la llave.
Junts ya lanzó una advertencia sorpresa al gobierno la semana pasada al derribar la senda de estabilidad, preludio de los PGE.
Durante la ronda de consultas, el líder del Gobierno fue más directo en sus respuestas. Al ser cuestionado sobre si mantendrá su apoyo a Junts si Illa obtiene finalmente el puesto, reafirmó que «todos» los partidos deben hacer una reevaluación «crítica» del procés. A nivel nacional, mencionó que el Partido Popular (PP), «sin duda», tiene pendiente realizar esta revisión. Pero también instó a realizarla a los posconvergentes, ya que los catalanes pidieron en las elecciones generales del 23 de Junio y en las autonómicas del pasado 12 de Mayo, que sus políticos se enfocaran en los asuntos «importantes», «sustanciales», en «la vida diaria de los ciudadanos, en el refuerzo de los servicios públicos, en impulsar toda la agenda de transformaciones y de progreso socioeconómico que Cataluña demanda y merece».
Sánchez, por tanto, espera que Junts haga una «interpretación de cuál es el mandato del pueblo catalán a partir de los resultados en las urnas» y realice una «oposición beneficiosa y también constructiva, en pro de Cataluña y, en consecuencia, en pro de España, aprobando los presupuestos de 2025». Si no se recibe el respaldo de los siete votos del partido de Carles Puigdemont, no habrá un presupuesto público para el próximo año. Los posconvergentes ya enfatizaron la semana pasada que ellos no son parte de ningún bloque en el Congreso. Dijeron que sus votos deben ser negociados (a un alto costo) y no se pueden tomar por sentado.
No hay garantías para los PGE. El presidente indicó de sopetón que debido al proceso electoral anticipado en Cataluña, no se pudo llevar las cuentas de 2024 al Congreso. No obstante, su deseo es dar a conocer las cuentas en septiembre u octubre, y en consecuencia, obtener su aprobación en el último semestre del año. Sin embargo, no asumió como garantizado que el proyecto de ley llegará al Congreso. Antes de nada, debe aclararse si habrá o no un nombramiento de Illa en Cataluña. Este interrogante se resolverá este viernes, cuando los 8.700 afiliados de ERC voten. Si los miembros del partido republicano optaran por no hacerlo, se abrirían las urnas de nuevo el 13 de octubre, imposibilitando la presentación de los PGE en otoño. Para estabilizar su Gobierno, Sánchez necesita la cooperación de Illa.
El presidente plantea la intención de presentar las cuentas de 2025 en septiembre u octubre, y lograr su aprobación en el último semestre del año.
Además, se requiere la colaboración de Junts para proceder con el modelo acordado entre PSC y ERC para Cataluña. Los posconvergentes comunicaron el martes que consideran que no es suficiente, argumentando que no logra la «soberanía fiscal». El presidente aún no quiere afrontar tal escenario. Dio un rodeo: a pesar de la «complejidad del Parlamento», los «únicos preparados para impulsar grandes pactos para aprobar leyes significativas para la mayoría social de este país» son los socialistas y los partidos que los respaldan, lo que significa que no hay alternativa a la derecha.
No se mide «resultados» solo con leyes.
Durante su intervención, Sánchez modificó nuevamente su discurso. Mientras en la legislatura anterior, consistentemente subrayó la importancia de la producción legislativa, con 216 iniciativas en menos de cuatro años, las métricas de estos ocho meses indican un cambio. Se han ratificado seis decretos leyes reales y se han aprobado en total cinco leyes más, sumando 11, las cuales son de «gran relevancia para promover la justicia social», señaló. Citó ejemplos como la ley de paridad, la ley de amnistía y la de enseñanzas artísticas. También mencionó que hay 27 propuestas de ley en proceso parlamentario, aunque advirtió que su aprobación podría ser complicada en muchos casos.
La anterior legislatura se contabilizaron 216 leyes. Actualmente, el conteo se sitúa en 11 en solo ocho meses. «Lo que realmente importa son los resultados, es lo que transforma la vida de las personas», aclaró.
El mandatario realizó un giro autocrítico: la cantidad de leyes aprobadas no es tan relevante, explicó. «En nuestro país, la acción gubernamental tiende a percibirse como excesivamente legislativa. Con frecuencia, se usa la cifra de leyes como una vara de medir para determinar la fortaleza o rendimiento de un gobierno», admitió, aunque él mismo ha caído en esta trampa. En cambio, explicó que es «un indicador que refleja más la circunstancia del Poder Legislativo, del Parlamento».
«Por supuesto, las leyes son cruciales… aunque la esencia reside en que son una herramienta para alcanzar objetivos, uno de tantos instrumentos al alcance del Poder Ejecutivo. Las leyes son un medio y no un objetivo. Los resultados son la clave, puesto que son quienes tienen el poder de transformar la vida de las personas. Nuestros resultados son positivos, muy positivos», concluyó.
En términos concretos, Sánchez instaba a analizar su administración no a través del volumen de leyes promulgadas, sino a través de los «resultados» alcanzados. Este anuncio puede interpretarse como una anticipación a una posible incapacidad para aprobar los PGE de 2025, especialmente considerando que Sánchez hizo esta declaración de forma voluntaria y no en respuesta a preguntas. Incluso sin un presupuesto público actualizado, el líder del gobierno luchará por mantenerse en el poder. Como se ha mencionado previamente por distintos miembros de su equipo, los presupuestos son el combustible ideal, que el presidente desea obtener lo antes posible, pero no son esenciales. Isabel Díaz Ayuso, que asumió la presidencia de Madrid en 2019 pero solo tuvo su primer presupuesto no renovado en 2022 gracias al soporte de Vox, es un ejemplo a mencionar.
El objetivo del presidente es convertir una necesidad en una ventaja, ante la visible debilidad que enfrenta en el Congreso, y dirigir la atención no tanto a las leyes, sino a las acciones de su gabinete. Durante la pasada campaña general, Sánchez advirtió que esta legislatura no estaría marcada por un rápido avance legislativo, sino por el desarrollo de lo ya aprobado. El presidente busca trasladar el enfoque hacia las iniciativas de su gabinete, más allá de las leyes mismas.
Las reformas significativas requieren la aprobación de las Cámaras, como quedó claro la semana pasada, no solo con la ruta de estabilidad, sino también con la modificación de la Ley de Inmigración que busca distribuir equitativamente a los menores inmigrantes entre las regiones autónomas. La iniciativa fue rechazada por los partidos PP, Vox y Junts. Esto será evidente en los próximos Presupuestos, si estos llegan a presentarse. El hecho de que el Ministerio de Hacienda solo presentará el proyecto al Congreso si tiene garantizado el apoyo necesario es indiscutible. Según la tradición, si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no superan el debate de totalidad una vez presentados, la estabilidad del Gobierno se ve amenazada y el presidente se vería obligado a convocar elecciones. Así fue en febrero de 2019. Por lo tanto, Sánchez debe sopesar cuidadosamente cada decisión. Es consciente de que Junts puede retirar su apoyo en cualquier instancia, incluso cuando menos lo espere.
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