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Un consenso para modificar las pensiones fue alcanzado entre el gobierno, los líderes empresariales y los sindicatos

Un nuevo consenso se ha alcanzado en el diálogo social, con participación tripartita del Gobierno, los sindicatos y la patronal, para reformar las jubilaciones activas. Este acuerdo forma parte de la segunda fase de la reforma pendiente de las pensiones de la legislatura previa.

El comité ejecutivo de la CEOE ha confirmado el pacto, según informantes de la organización. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, resaltó en su resumen del curso legislativo que este es el cuarto acuerdo sobre pensiones desde que asumió en la Moncloa, adicionando a estos otros catorce en temas laborales.

Así, este es el decimoctavo acuerdo tripartito en el diálogo social desde su moción de censura.

El pacto incide en tres áreas principales: mejora la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación (el Gobierno buscaba alinear la edad legal y real de retiro), introduce un nuevo esquema de cooperación con las mutuas y amplía los derechos de las profesiones arriesgadas y expuestas a peligros.

En el primer tema, los agentes sociales acordaron potenciar los incentivos para el retiro tardío y hacerlos compatibles con la jubilación activa. Específicamente, la bonificación por retrasar la pensión se aplicará ahora por semestres, con un aumento del 2% del monto de la prestación o su equivalente en pago único. Por otro lado, continúa la alternativa de cobro mixto, una proporción en aumento de la pensión y otra en un pago único. Estas cantidades podrán conciliarse con la jubilación activa.

Una nueva actualización ha derogado la necesidad de tener una carrera completa de cotización. Los porcentajes de pensión que se pueden recibir mientras se trabaja, incluyendo el trabajo autónomo, también han sido aumentados. Los detalles son los siguientes: si uno se jubila un año más tarde, puede recibir el 45% de la pensión; dos años, el 55%; tres años, el 65%; cuatro años, el 80%; y cinco años, el 100%.

El acuerdo también aporta mejoras al sistema de pensión compatible con el trabajo, incluido el trabajo autónomo. Para los autónomos que tienen un empleado con un contrato indefinido y una antigüedad mínima de 18 meses, o si realizan una nueva contratación, pueden recibir el 75% de la pensión. Este porcentaje aumentará un 5% cada año hasta llegar al 100%.

Además, la jubilación flexible se revisará. El gobierno y los agentes sociales han decidido que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debe examinar los cambios en este sistema dentro de seis meses para mejorar las pensiones.

Con respecto a la jubilación parcial, se ha acordado un nuevo sistema regulador. Generalmente, se puede acceder a esta modalidad de jubilación hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, siempre que haya un contrato de relevo. En el primer año de retiro parcial, la reducción será entre un 20% y un máximo del 33%. Esto representa una mejora de un año.

El gobierno y los agentes sociales también han acordado mejorar las garantías laborales del trabajador de relevo, quien debe tener un contrato a tiempo completo e indefinido. A las personas que optan por la jubilación parcial se les puede permitir concentrar sus horas de trabajo mediante un acuerdo en el lugar de trabajo. Los trabajadores fijos discontinuos también estarán habilitados para unirse al proceso de relevo.

Para el sector de manufactura, las normas previas a la modificación de las pensiones en 2011 seguirán vigentes hasta 2029, con ciertas modificaciones. Más específicamente, la aportación del empleador y del jubilado parcialmente aumentará gradualmente; el incremento será del 40% en 2025, 50% en 2026, 60% en 2027, 70% en 2028 y finalmente, 80% en 2029. Asimismo, al menos el 75% de los empleados deben tener contratos indefinidos y se implementará la misma política de acumulación de jornada laboral para la jubilación parcial general.

También los trabajadores de ocupaciones de alto riesgo, toxicidad y peligrosidad se beneficiarán de una mejora en sus jubilaciones. Precisamente, se instaurará un nuevo método para la aprobación de coeficientes reductores, así como varios indicadores objetivos. Estos serán complementados por informes adicionales y epidemiológicos, que podrán ser proporcionados por servicios medicos.

Finalmente, se normalizará el esquema para la ejecución de acuerdos de cooperación entre los departamentos de salud de cada comunidad autónoma y las mutuas de seguros. Este cambio solo afectará a las bajas con motivo traumático. Las altas, las confirmaciones y las bajas seguirán a cargo del servicio público de salud y el paciente tendrá la opción de retirar su consentimiento en cualquier etapa del proceso.

Carlos Bravo, el encargado de las Políticas Públicas y Protección Social en el CCOO, sostuvo que el reciente acuerdo amplía las oportunidades para mejorar las condiciones de vida y la jubilación parcial de los trabajadores en España. En sintonía con estas declaraciones, Pepe Álvarez aclaró que la nueva modalidad de cooperación con las mutuas representa un progreso para la fuerza laboral, puesto que permitirá evitar las largas colas en el sistema de salud público, además de contribuir a la disminución del ausentismo en el trabajo.

Por su parte, la CEOE aseguró que el pacto logrado «ofrece la posibilidad de buscar soluciones flexibles y adaptadas a la nueva realidad y las demandas de la economía y del sector empresarial español». Los empresarios también subrayaron «la importancia del diálogo social como una herramienta esencial para alcanzar acuerdos sólidos, amplios y de larga duración, en beneficio de todos los ciudadanos».

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