En medio de la pandemia de Covid en julio de 2020, los líderes europeos llegaron a un acuerdo para instaurar un «herramienta excepcional» con dos metas principales: acelerar el proceso de recuperación de la crisis y aumentar la capacidad de crecimiento de las economías europeas, dando prioridad a las inversiones en las transformaciones digitales y ecológicas.
Esta fue una respuesta completamente distinta a la que se tomó durante la crisis financiera de la década anterior. En aquel entonces, las medidas tomadas involucraron austeridad y la disminución del estado del bienestar, pero en 2020, la Unión optó por una respuesta solidaria y unificada con el paquete Next Generation UE, un imponente fondo de inversión de 750.000 millones de euros.
Los rescates financieros de la crisis del euro incluyeron reformas drásticas, a menudo impuestas en contra de la voluntad de los gobiernos nacionales y sin consenso social, basadas en conceptos económicos que no beneficiaban al conjunto de la sociedad. El fracaso de la austeridad y la intervención de Europa con la mentalidad tipo Troika, cuyos efectos hísteresis se prolongaron durante años, dio lugar al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se basa en el concepto renovado de adopción nacional de las políticas europeas.
El Plan es fruto de intensos diálogos entre la Comisión y el Gobierno, tanto a nivel territorial como civil, lo que cambia radicalmente la respueta dada a la crisis financiera anterior.
Esta profunda cooperación es una significativa innovación con miras a la permanencia para potenciar tanto la viabilidad política como la eficiencia de las políticas públicas.
El primer indicativo de si esta cooperación constructiva adoptada por la Comisión Europea continuará, lo encontraremos en los planes fiscales estructurales a medio plazo que, bajo las nuevas reglas fiscales europeas, están destinados a equilibrar la sustentabilidad fiscal y la adopción nacional de reformas e inversiones.
El establecimiento del Plan de Recuperación destaca un consenso renovado en cuanto al rol que la política económica debe jugar: ya no se enfoca en una consolidación fiscal a corto plazo, sino que guía las inversiones a sectores con excelente capacidad de arrastre y rendimientos sociales, tecnológicos y medioambientales. Siguiendo la línea del «Estado Emprendedor» de Mazzucato se transmite la idea clara de que en caso de fallas de mercado y externalidades, la participación del sector público debe rectificar estos inconvenientes, agilizar los cambios y garantizar la integración de criterios de equidad y sostenibilidad.
La implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) agrega otra innovación destacada: los fondos se distribuyen de acuerdo al logro de un calendario específico de reformas e inversiones. Esta condicionalidad pactada ha sido un estímulo importante para abordar problemas estructurales largamente postergados, como la fragilidad de un sistema de Formación Profesional, la temporalidad del empleo, la inclusión de los más vulnerables o la sustentabilidad del sistema público de pensiones. El número y el alcance del legislativo aprobado desde 2021 son comparativamente únicos en la historia reciente de España.
El esfuerzo considerable realizado y la rápida afluencia de fondos a la economía productiva no deben eclipsar la necesidad de profundizar la revisión de procesos administrativos. En un entorno mundial donde el estado adquiere un rol vital como inversor, fortalecer la unión entre lo público y lo privado, la innovación y agilizar trámites son fundamentales para hacer llegar los recursos oportunamente. Se debe velar por un balance entre una supervisión efectiva de recursos estatales y la rápida implementación de los fondos, evitando duplicar requerimientos que añadan complejidad a su manejo.
El futuro de los siguiente generación: Más allá del 2026
El MRR ha sido una herramienta que ha facilitado a los países con gran deuda el limitar sus gastos públicos financiados a nivel nacional sin que esto afecte negativamente el crecimiento. En el caso de España, el estímulo fiscal MRR ha permitido aumentar la inversión y a su vez rebajar la deuda y el déficit fiscal. Cómo se distribuyen estos fondos es vital: La mayoría de los fondos han sido destinados a proyectos que, según diversos estudios, generan efectos multiplicadores en el largo plazo, además, han servido para aliviar la presión inflacionaria. Asimismo, se prevé que la productividad se beneficie a través de la disminución de la inestabilidad laboral, y el apoyo a la innovación y a la formación académica.
En los tres años desde que se aprobó el Plan, se ha evidenciado la necesidad de que la Comisión cuente con herramientas más adaptables con mayor capacidad de enfrentar los desafíos de la autonomía estratégica, esto implica un incremento en la inversión pública en sectores claves, y especialmente en lo que el informe Letta señala como el quinto pilar del mercado único: la priorización del impulso a la investigación, la innovación y la educación.
Actualmente, España crece a un ritmo superior al de Alemania, Francia e Italia.
La Comisión recientemente renovada debe enfrentarse a desafíos geoestratégicos de inmensa importancia. Para tratar las dobles transiciones, la cohesión territorial y social, y la autonomía estratégica, se requiere de una UE capaz de mantener un instrumento similar al que originó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o de crear uno con atributos parecidos. Sin embargo, es esencial ser realistas, el escenario político en Europa actualmente no es el mismo que en 2020, y España presenta un crecimiento superior al de Alemania, Francia e Italia. Por lo tanto, además de los fondos provenientes de Europa, es crucial que el financiamiento público de los próximos años fortalezca la inversión y el cambio en sus prioridades establecidas por el MRR, enfocándose en la innovación, la educación, nuevos mecanismos de asociación pública-privada y, lo que es más desafiante y crucial: la reindustrialización en nuevos sectores emergentes. La actividad privada, que siempre es exigente con los incentivos públicos, debe asimismo tomar el liderazgo y dar continuidad a los miles de proyectos de transformación que se han iniciado. Jorge Fabra Portela fue director general del Plan de Transformación en Hacienda y Santiago Fernández Muñoz fue responsable del seguimiento del Plan de Recuperación. Hoy, él es socio de SILO.
